Censura y autocensura

World Press Photo 13
Fundación Chirivella Soriano / NOPO
C/ Valeriola, 13. Valencia
Hasta el 16 de febrero de 2014

La nueva edición de World Press Photo en Valencia aborda el derecho a la información y la participación.

En una sociedad como la nuestra, acostrumbrada a que exista un abismo entre la teoría y la práctica, sucede con frecuencia que la letra de algunos principios jurídicos fundamentales se queda solo en tinta seca sobre papel. Esa laxitud asumida por la población es un signo revelador que, posiblemente, nos haya llevado al callejón sin salida en el que parece que nos encontramos.

Aunque resulte recurrente, para hablar de libertad de expresión debemos remitirnos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Según su artículo 19, “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Por su parte, la Constitución Española de 1978 reconoce y protege los derechos: “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, así como “a la producción literaria, artística, científica y técnica”. Dando un paso más allá, manifiesta que “el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.

Sin embargo, estos derechos se ven continuamente vulnerados, nuestra libertad de expresión se ve limitada aquí y ahora, no es necesario referirse a regímenes totalitarios de otras latitudes ni a dictadores pasados. Cualquier ciudadano recibe cada día dosis de manipulación y censura en la información administrada a través de los medios de comunicación, esto es lo habitual, aunque parte del problema reside en la falta de capacidad crítica que nos hace aceptarla bajo la categoría de “verdad”. El caso de RTVV resulta incontestable en ese sentido.

La situación se agudiza cuando entramos en los territorios del arte y la cultura, pues si bien la sociedad se convierte en un sujeto pasivo de la limitación de derechos, los creadores reciben una presión activa y directa con el propósito de coartar su libertad de expresión, llegando en ocasiones a episodios de censura explícita que nuestro sistema democrático y de derecho todavía no ha sido capaz de remediar. Los gobernantes caen constantemente en la tentación no solo de determinar las pautas culturales de la sociedad, sino de intentar conducir las expresiones artísticas e intelectuales. La situación no es nueva y los ejemplos son numerosos, pero la resignación debería descartarse de entre las opciones posibles.

Puede que el más nocivo resultado de la presión política sobre los autores y los artistas sea el ejercicio de la autocensura. Esa es una realidad que se ha vivido en estas últimas décadas, pues la alta contaminación política que ejercen los gobernantes –en términos generales- sobre el ámbito cultural en España hace que se haya desarrollado en buena parte del sector un ejercicio automático de limitaciones en la libertad de expresión, que afectan a las creaciones que llevan a cabo, como estrategia de supervivencia a costa de una renuncia imperdonable. La dependencia de los recursos públicos y la falta de una cultura social que permita entender que los presupuestos y dotaciones de las instituciones públicas no son propiedad del partido político que gobierna, sino que deben estar al servicio de la ciudadanía, hace que en demasiadas ocasiones se empleen de una forma arbitraria y sectaria.

Podríamos remitirnos a casos de manual, pero también podemos hablar de aquello que por proximidad espacial y temporal hemos conocido de primera mano. El caso de la Comunitat Valenciana es paradigmático en lo que se refiere a disfuncionalidad gubernamental en las dos últimas décadas –los juzgados y la prensa están dando cuenta de ello-, pero también en términos de instrumentalización partidista de la cultura. El partido político en el poder ha interpretado que las instituciones culturales (museos, salas de exposiciones, teatros, auditorios, etc.) le pertenecen. En base a esa premisa las ha gestionado y las gestiona con total desprecio al sector profesional, convirtiéndolas en entornos de privilegio mediante nombramientos políticos y designaciones excluyentes.

Las listas negras de profesionales del arte y la cultura son una realidad en las instituciones públicas valencianas, como lo es la cancelación de proyectos aprobados técnicamente pero vetados políticamente antes de ser llevados a cabo. Esa es la realidad que pocas veces llega al conocimiento del público, pues solo trasciende cuando el escándalo es mayúsculo y afecta a un colectivo con músculo mediático, como podría ser la censura practicada en 2010 por la Diputación de Valencia con la exposición “Fragments d’un any”, en el MuVIM. Pero cuando la institución practica esos atropellos individualmente, y lo hace con frecuencia, se genera un cerco de silencio que neutraliza a la víctima.

El miedo es esa última frontera que como individuos debemos trabajar y superar, pues nos paraliza como personas y nos inhabilita como sociedad. Puede que sea esa la gran revolución que debe producirse y que ya se ha iniciado. Una revolución que no requiere de barricadas ni de manifestaciones, pues tiene lugar en lo más intimo de cada persona, sin proclamas, siendo necesariamente el resultado de una libre toma de consciencia. Eso facilita una nueva escena para el desarrollo de otro modelo social y político. En ese territorio, liberado de signos, nos vamos encontrando como individuos emancipados integrantes de una colectividad, capaces de interactuar sin renunciar a la dignidad personal que nos confiere el ejercicio autónomo de la expresión. La pluralidad es la base de una sociedad sana, mientras que las acciones represoras que hemos conocido en los últimos años son el resultado de la administración abusiva del poder en un sistema democrático.

Cuando todo parece perdido, se hace más necesario si cabe reforzar la práctica personal de la opinión y la expresión pública de las ideas propias, sin atender a las tijeras de un censor que ha perdido por completo su autoridad, pues su filo ya no corta. Nunca fue el momento de guardar silencio, pero ahora es sin duda el tiempo de hablar.

José Luis Pérez Pont

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