Presentación del Código de Buenas Prácticas de la cultura valenciana
Teatro Principal de Valencia
Miércoles 14 de octubre de 2015

Frente a la política cultural de “grandes ocurrencias” y “tóxica” del anterior gobierno del Partido Popular, según la definió Albert Girona, secretario autonómico de Cultura, la actual Conselleria pretende devolverle a la cultura “el respeto que se merece”, a juicio de Carmen Amoraga, directora general de Cultura y Patrimonio. Para ello, Vicent Marzà, conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, presentó en el Teatro Principal, junto a Girona y Amoraga, el Código de Buenas Prácticas que sentará las bases de esa política cultural valenciana.

Los tres pusieron el acento en el pasado, en la red clientelar del PP urdida a base de “amiguismos” y proyectos sin sentido, “como sean, pero con buena foto” (Marzà), para mirar enseguida hacia el futuro. Y el futuro pasa por ese Código de Buenas Prácticas que presentaron primero a los medios y después a responsables culturales de la sociedad civil, de empresas del sector y de la Administración pública, a modo de declaración abierta del “cambio de rumbo” que se pretende. Una “hoja de ruta” basada en los cinco términos expuestos por Amoraga: “Ética, eficacia, idoneidad, investigación y autoevaluación”.

Albert Girona, Vicent Marzà y Carmen Amoraga, durante la presentación del Código de Buenas Prácticas.
Albert Girona, Vicent Marzà y Carmen Amoraga, durante la presentación del Código de Buenas Prácticas.

El Código de Buenas Prácticas, que esperan sea firmado por el resto de instituciones públicas, pretende entre otras cosas que los directores de los centros culturales de referencia en la Comunidad Valenciana sean elegidos mediante concurso público, atendiendo a los principios de mérito y capacidad. Para esa selección, se contará con representantes de la Administración (entre un 20 y un 33%), de la sociedad civil (con idéntico porcentaje) y de expertos científicos (33 a 50%).

El IVAM sería un ejemplo, aunque no calcado del todo. No así el Palau de Les Arts. “Es un contrato con el que nos hemos encontrado [referido al del intendente Davide Livermore] y al que, pese a todo, le hemos explicado nuestra postura, que ha aceptado y aplicado de manera rápida”, explicó Girona, quien matizó que, en todo caso, los sueldos de los nuevos directivos serán similares a los de un director general o un secretario autonómico, entre 50.000 y 60.000€.

También la Diputación de Valencia, con los recientes nombramientos sin concurso público de por medio de los directores del MuVIM y del Museu Valencià d’Etnologia, Rafael Company y Francesc Tamarit, respectivamente, se sale de esa nueva hoja de ruta. Aún así, Girona afirmó que brindarían al ente foral la oportunidad de sumarse al Código de Buenas Prácticas. Un manual que obligará igualmente a resolver la provisionalidad del nuevo director del Museo de Bellas Artes, José Ignacio Casar Pinazo, que vino a sustituir en el cargo a la defenestrada Paz Olmos. “Habrá concurso público al que, por supuesto, se podrá presentar”, agregó.

El manual presentado con la mejor de las voluntades y propósitos nace con dificultades. Vicent Marzà habló de “regalo envenenado” la política cultural que heredan del PP, al tener que asumir el nuevo gobierno convenios plurianuales ya consignados. Además, como subrayó Girona, “de 2008 a 2013 el Presupuesto de Cultura se ha reducido en un 50%”. Una vez expresado el lamento, tanto Marzà como el propio Girona aseguraron que la política cultural sería “prioritaria”. Sustentaron su convicción en la importancia que está adquiriendo la cultura como industria: “Es una herramienta fundamental para el desarrollo social y económico de un país”. Amoraga, recordando una frase del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dijo que frente al “pan o cultura” con la que justificó el PP los recortes presupuestarios, ellos abogaban por “pan y cultura”.

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Albert Girona, Vicent Marzà y Carmen Amoraga, en la presentación del Código de Buenas Prácticas. Imagen cortesía de Generalitat Valenciana.
Albert Girona, Vicent Marzà y Carmen Amoraga, en la presentación del Código de Buenas Prácticas. Imagen cortesía de Generalitat Valenciana.

Salva Torres